Hay una frase que el padre o la madre usan cuando sienten que la escuela los interpela: «Es mi hijo».
Y detrás de esa frase, corta y aparentemente incuestionable, muchos adultos sienten que se les concede un derecho absoluto, sin bordes, sin diálogo y, sobre todo, sin responsabilidades compartidas.
Ser padre o madre pareciera habilitar una suerte de salvoconducto social: pase libre, sin control, sin rendición de cuentas.
El problema no es el derecho parental en sí.
El problema es cuando ese derecho se vive como un poder total, desligado de cualquier marco social, institucional o colectivo.
Veamos ejemplos cotidianos.
Padres que retiran a sus hijos de la escuela cuando quieren, sin aviso previo, sin justificar motivos, sin siquiera considerar que la escuela no es una guardería flexible sino una institución que también organiza tiempos, grupos, contenidos y responsabilidades.
«Porque yo soy el padre» alcanza como argumento universal y lo retiro por «razones particulares».
No importa si el niño pierde aprendizajes, si interrumpe procesos, si la ausencia sistemática termina afectando su trayectoria escolar.
El derecho se ejerce. Punto.
Lo mismo sucede con la actividad física. Ante la exigencia básica de un apto médico —no por capricho, sino por cuidado— aparece otra vez la chapa: «Yo autorizo».
Como si la voluntad del adulto pudiera reemplazar un criterio de salud.
Como si firmar un papel fuera equivalente a garantizar que ese cuerpo está en condiciones.
Y hay un tercer escenario que roza el absurdo.
Padres que niegan el permiso para que la escuela saque una foto institucional, una imagen cuidada, contextualizada, con fines pedagógicos o administrativos.
Todo supuestamente en nombre de la privacidad, del cuidado del menor o de algún miedo no expresado de que los docentes usen las fotos con algún fin poco claro.
Sin embargo, esos mismos niños aparecen luego sin filtro en redes sociales, expuestos en historias públicas, reels, estados, grupos de WhatsApp, por sus propios padres, quienes muchas veces lo hacen sin el permiso de sus hijos.
Ahí ya no hay reparos, ni criterios, ni resguardos. Porque claro, cuando la cámara es propia, el límite desaparece.
Entonces la pregunta no es si los padres tienen derechos. Claro que los tienen. La pregunta incómoda es otra:
¿Dónde empieza y dónde termina ese derecho cuando los hijos forman parte de una comunidad?
Porque la escuela no es una extensión del living de la casa. Es un espacio social, con reglas, con acuerdos, con responsabilidades compartidas. Y criar no es ejercer poder, es asumir consecuencias.
Tal vez haya que decirlo sin rodeos:
No todo lo que puedo hacer como padre es lo que corresponde hacer como ciudadano. Y el niño no es una propiedad privada, es un sujeto de derecho.
El desafío hacia adelante no es quitar derechos, sino madurar su ejercicio.
Entender que educar implica negociar, escuchar, justificar, respetar marcos comunes.
Que la autoridad parental no debería ser un martillo que aplasta todo a su paso, sino una herramienta que dialoga con otras autoridades: la pedagógica, la médica, la institucional.
Porque cuando el «es mi hijo» se convierte en un argumento absoluto, lo que se pierde no es el control.
Lo que se pierde es el sentido de lo colectivo.
¿En qué momento el «es mi hijo» deja de ser una frase de protección para convertirse en una barrera que le impide al niño habitar el mundo público y aprender de autoridades distintas a la de su casa?